LA REPUBLICA.- Por unanimidad, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó la destitución de Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal de la Nación. La decisión se basa en las irregularidades y faltas disciplinarias previamente identificadas, entre ellas la posible interferencia en la investigación seguida a su hermana, Enma Benavides, así como el presunto favorecimiento a Miguel Vegas Vaccaro al designarlo como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de que este contaba con sanciones disciplinarias en su contra.
«Por unanimidad declarar infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración de la exfiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas», expresó el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio De la Haza. Con esta decisión, la Junta de Fiscales Supremos deberá proceder a la elección de un nuevo fiscal de la Nación, quien ejercerá el cargo durante los próximos tres años. Esto se debe a que Juan Carlos Villena ocupa el puesto de manera interina, haciendo necesario nombrar un titular definitivo que asuma las responsabilidades del Ministerio Público en este período clave.
Asimismo, dentro de la misma sesión, el pleno de la JNJ también evaluó los pedidos de reconsideración de Azucena Solari y Enma Benavides. Por unanimidad, el pleno declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la exfiscal Azucena Solari. Sin embargo, en el caso de la jueza Enma Benavides, la votación resultó en un empate con 3 votos a favor y 3 en contra, siendo el presidente De la Haza, quien determinó el resultado al reafirmar su voto en contra de la hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Finalmente, quedó confirmada la destitución de las tres exmagistradas.
Así fue la votación del pedido de reconsideración de Patricia Benavides
El pleno de la Junta Nacional de Justicia estuvo conformada por el presidente Antonio de la Haza Barrantes, Imelda Tumialán como ponente, así como Guillermo Thomberry, Maria Zavala, Marco Falconi y Aldo Vásquez.
En la exposición de la consejera Imelda Tumialán, se señaló que Patricia Benavides intervino en las investigaciones contra sus hermanas. Tal como remover a la fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla, quien había investigado a Miguel Vegas Vaccaro por presunta corrupción, y la colocó bajo su subordinación. Además, favoreció a Vegas Vaccaro al designarlo en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios. Estos hechos respaldan la decisión apelada por la exfiscal, y que la sanción impuesta «son consistentes y mantienen una concordancia con el derecho y la justicia», expresó Tumialán. Su voto fue que se consideren infundadas las tres reconsideraciones.
En el caso de Guillermo Thomberry, votó porque se declaren infundados los recursos de reconsideración de Patricia Benavides y Azucena Solari, pero votó a favor de la apelación de la jueza Enma Benavides. Mientras que María Zavala consideró infundadas las tres apelaciones presentadas.
Marco Falconi y Aldo Vásquez tuvieron una decisión similar a la de Thomberry y votaron a favor de rechazar las apelaciones de las exfiscales Benavides y Solari, aunque mostraron su disconformidad con Imelda Tumialán y apelaron en declarar fundado el pedido de la hermana de Patricia Benavides. No obstante, la decisión final la tuvo Antonio de la Haza y se estuvo a un voto de que Enma Benavides pudiera ser restituida.
Patricia Benavides posee impedimento de salida del país
El último 29 de agosto, el Poder Judicial dictó la medida de impedimento de salida del país por 18 meses contra Patricia Benavides, quien está siendo investigada por presuntos delitos de organización criminal y otros en perjuicio del Estado. La restricción entró en vigencia el 29 de agosto de 2024 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026.
A pesar de que Benavides tiene arraigo familiar y residencia en el Perú, se consideró que, debido a sus vínculos familiares en el extranjero, tendría facilidades para salir del país. Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria determinó que la gravedad de los cargos justifica la medida como proporcional.
Esta decisión se produjo tras la orden de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de realizar una nueva audiencia sobre el caso, ya que la primera solicitud había sido declarada infundada por el juez Juan Carlos Checkley. Tras la apelación de la Fiscalía, el juez Sául Peña Farfán evaluó nuevamente el caso y aprobó la restricción de salida del país.